La CGR respondió la consulta realizada por el Ministerio de Hacienda sobre la legalidad de contratar, con recursos públicos, una póliza de seguro de responsabilidad civil a favor de jerarcas como el Presidente, Vicepresidentes, Ministros y Viceministros del Poder Ejecutivo.

El criterio contralor (adjunto) señala que no existe habilitación legal para utilizar fondos públicos con el fin de contratar pólizas de responsabilidad civil que beneficien directamente a funcionarios. La CGR enfatiza que los seguros pagados con fondos públicos deben proteger los intereses de la administración y no los beneficios personales de los funcionarios. De este modo, es claro que contratar seguros para cubrir responsabilidades personales de jerarcas sería incompatible con el principio de legalidad financiera y el régimen de responsabilidad administrativa. Se enfatiza que la rendición de garantías o cauciones es una obligación personal del funcionario público, según lo establecido en el marco normativo vigente.